Con la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) que encabeza Andrea Marvan, la adquisición propuesta de Movistar México por Melisa Acquisition entra en una nueva etapa. La llegada de un propietario estadounidense desplaza la atención hacia los controles que acompañarían al negocio al cambiar de manos. Ese cambio no convierte un asunto administrativo mexicano del pasado en una violación de la ley estadounidense, pero cambia las implicaciones de cumplimiento para el comprador.
En ese contexto, cobra relevancia el antecedente de prevención de lavado de dinero (PLD) de Pegaso PCS, la sociedad operativa detrás de Movistar México. El 11 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declinó revisar su impugnación contra cinco multas del SAT por 2 millones 235 mil 634 pesos. Las sanciones derivaron de una visita de verificación de 2021, tras su adhesión en 2019 al Programa de Autorregulación.
En 2024, un tribunal federal había rechazado la impugnación y subrayado la obligación de verificar la identidad de clientes mediante documentación oficial. El caso involucró obligaciones de identificación de clientes; no estableció lavado de dinero, vínculos con cárteles, corrupción ni violaciones de sanciones económicas.
La relevancia actual está en lo que se corrigió y cómo se comprobó su eficacia. Identificar clientes forma parte del cumplimiento de PLD, pero conocer quién está detrás de una relación comercial también importa para evaluar beneficiarios controladores, pagos a terceros y riesgos de sanciones o corrupción. Para el comprador estadounidense, importa el alcance de la remediación y la calidad de los controles actuales.
En un negocio de prepago con amplias redes de distribuidores, revendedores, proveedores e intermediarios, conocer la razón social de una contraparte no equivale a identificar a quienes la poseen o controlan. Tampoco conocer al receptor inmediato de un pago permite establecer, por sí solo, quién obtiene finalmente su beneficio económico.
El entorno estadounidense de sanciones refuerza esa importancia. En 2025, Estados Unidos amplió las designaciones relacionadas con terrorismo y sanciones que involucran a organizaciones criminales mexicanas. Sin atribuir a Movistar México operaciones con personas sancionadas, ese contexto hace relevante determinar si la información sobre contrapartes y beneficiarios controladores permite identificar riesgos que el nuevo propietario deberá evaluar.
La misma información puede ayudar a detectar relaciones de propiedad no reveladas, comisiones o pagos inusuales que ameriten revisión anticorrupción. Una deficiencia histórica de identificación no demuestra fallas en esas otras áreas. Lo que plantea es si la empresa examinó sus posibles implicaciones y extendió las mejoras a los controles pertinentes.
Para el nuevo propietario estadounidense serio, entre ellos Oxio de Nicolas Girard, no se trata únicamente de recibir políticas y procedimientos. También importa conocer si hubo problemas concretos, qué consultas o señalamientos recibió Pegaso y cómo fueron atendidos.
También importa conocer si hubo problemas concretos, qué consultas o señalamientos recibió Pegaso y cómo fueron atendidos. La continuidad del cumplimiento dependerá de que los equipos responsables dispongan de información sobre las revisiones realizadas, sus conclusiones y cualquier medida pendiente.
Para esta columna se pidió a Telefónica y a Pegaso PCS/Movistar México explicar qué corrigieron tras el caso de PLD, cómo comprobaron la eficacia de las medidas y si evaluaron posibles implicaciones de esas deficiencias para el cumplimiento de sanciones y normas anticorrupción. También se preguntó si las mejoras abarcaron a distribuidores, proveedores, intermediarios y receptores de pagos.
También se les preguntó si Pegaso recibió consultas, denuncias o señalamientos de autoridades, empleados u otros terceros sobre posibles irregularidades o incumplimientos de sanciones o normas anticorrupción en sus relaciones comerciales; si auditorías o revisiones internas detectaron problemas con contrapartes o transacciones específicas; y si algún asunto fue investigado, reportado a autoridades o seguido de medidas correctivas, o permanece abierto.
La resolución de febrero no acredita incumplimientos actuales. Ante el cambio de control hacia un comprador estadounidense, el punto es entender qué controles existen hoy, cómo incorporan las lecciones del caso y qué asuntos, si los hubiera, necesitarán seguimiento. Esa información permitirá evaluar el marco de cumplimiento que recibiría el nuevo propietario.
A las preguntas realizadas, la respuesta fue la siguiente: “Gracias por consultarnos. Telefónica Movistar México cuenta con un programa robusto de cumplimiento en materia anticorrupción, alineado con las regulaciones aplicables, las políticas Corporativas y las mejores prácticas internacionales. Asimismo, a la fecha, no existe ningún procedimiento o investigación abierta. Compartimos los principios de actuación de la Compañía: https://www.telefonica.com.mx/sostenibilidad/cumplimiento/ ”.
Piedras Negras, por resolver cuello de botella
El proyecto para construir un tercer cruce internacional en Piedras Negras, conocido como Puerto Verde que impulsa el empresario Ruben Garibay, avanza y con él la esperanza para una renovación industrial de gran escala en Coahuila.
El proyecto está concebido como un cruce internacional exclusivamente comercial: con una inversión que supera los 5 millones de dólares el Puente III -como también se le conoce- incluye libramiento carretero y un cruce exclusivo para carga.
En junio pasado, la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento de Hacienda, a cargo de Edgar Zamora, aprobó la creación de Inversión Mixta Piedras Negras, la empresa que tendrá a su cargo el proyecto. Ya también se publicó en el Diario Oficial y se espera que las obras arranquen en el último trimestre del año, para entrar en operación comercial en el cuarto trimestre de 2028.
La saturación comercial y logística en ambos lados de la frontera sería resuelto de raíz con Puerto Verde resolverá ese problema de raíz al sacar por completo el tránsito de carga de Piedras Negras y Eagle Pass. El plan contempla que, una vez en operación, la totalidad de los camiones migre al nuevo puente por un libramiento exclusivo, dejando al actual Puente II para vehículos ligeros y peatones.
Para la entidad a cargo de Manuelo Jiménez es una urgencia local, y la voluntad binacional pueden hacer que se cumpla el milagrito luego de colapso metalúrgico que significó a caída de Altos Hornos.
@mfloresarellano
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