Quien controla el relato controla la percepción. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum parece haber entendido que, en el tema de huachicol fiscal, necesita con urgencia cambiar los nombres de figuras de Morena asociadas al problema para recuperar el control de la narrativa.
Durante meses, el huachicol fue construyendo una asociación incómoda para Morena. Las investigaciones, acusaciones y señalamientos envolvieron en una avalancha imposible de detener a personajes del gobierno y/o partido, entre ellos Rubén Rocha Moya, Mario Delgado, Andy López Beltrán y Rafael Ojeda, entre muchos otros.
La narrativa colocó a estos personajes, a la corrupción, al combustible ilegal y a las redes de poder dentro de una misma historia. Inevitablemente se prendieron las luces de alarma en el gobierno porque, si esa asociación terminaba consolidándose en la opinión pública, el huachicol se convertiría en un estigma político del que difícilmente se podría desprender el partido en el gobierno y cuyas consecuencias electorales serían difíciles de dimensionar.
Por eso resulta relevante observar hacia dónde comenzaron a desplazarse las acciones de la Fiscalía General de República, así como, la narrativa de todo el gobierno hacia personajes y territorios ajenos a su movimiento: primero Ernesto Ruffo Appel y ahora una terminal de almacenamiento ubicada en Guanajuato, un estado gobernado históricamente por el PAN.
El 16 de julio, la Fiscalía General de la República informó la detención del exgobernador de Baja California por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Ruffo no es un personaje menor dentro de la historia política mexicana: fue gobernador de Baja California por el PAN y el primer gobernador de oposición en el país.
Pero el caso tiene un elemento relevante desde la comunicación política. El abogado de Ruffo, Fernando Gómez Mont, asegura que tras revisar las aproximadamente 20 mil páginas del expediente no encontró “una sola prueba” que vincule directamente a su cliente con los delitos que se le imputan, en el expediente no existen llamadas o testigos que demuestren que Ruffo conociera o participara en las operaciones ilícitas atribuidas a Ingemar.
La FGR sostiene lo contrario y afirma tener numerosas pruebas, pero hasta ahora no ha hecho públicos elementos que permitan a la opinión pública dimensionar la solidez del caso. y aunque se podría argumentar que lo están haciendo para no violentar el debido proceso, en casos similares se filtran pruebas a la opinión pública por medios que no son oficiales para contrarrestar la narrativa del acusado.
No sabemos todavía cómo terminará el proceso contra Ruffo. Pero sí sabemos algo que la comunicación política conoce desde hace mucho tiempo: una acusación puede modificar la percepción de un personaje o caso mucho antes de que exista una sentencia.
La historia mexicana reciente ofrece un antecedente que vale la pena recordar. En 2018, Ricardo Anaya convirtió la lucha contra la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto en uno de los ejes de su campaña. Llegó incluso a proponer una fiscalía autónoma para investigar al presidente y, en caso de encontrarlo responsable, llevarlo a prisión.
Cuando Anaya comenzó a crecer en las encuestas y a consolidarse como segundo lugar, estallaron las acusaciones relacionadas con la compraventa de una nave industrial y un supuesto esquema de lavado de dinero. El País documentó entonces que las acusaciones aparecieron después del crecimiento de Anaya y que el propio candidato acusó al gobierno de Peña Nieto de utilizar las instituciones para atacarlo. Un sondeo de Parametría registró posteriormente la caída de Anaya en intención de voto en unos pocos días.
Meses después, la entonces PGR decretó el no ejercicio de la acción penal en la investigación que involucraba a Anaya al no encontrarse pruebas suficientes.
El caso Anaya dejó una lección que trasciende aquella disputa, en política, el daño de una acusación suele producirse antes de que llegue la resolución jurídica. Y eso es precisamente lo que podrían estar intentando replicar con el huachicol, el mismo López Obrador repetía constantemente durante sus mañaneras, “La calumnia, cuando no mancha, tizna”.
El 17 de septiembre, el gobierno anunció el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en San José Iturbide, Guanajuato, presentado como el mayor decomiso de este tipo registrado en los últimos años. La operación colocó en el centro de la conversación a Grupo SIMSA y a una terminal de almacenamiento ubicada en un estado gobernado históricamente por el PAN.
Grupo SIMSA sostiene que la terminal opera legalmente y cuenta con el permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016, cuya vigencia es de 30 años y que ha sido objeto de diversas modificaciones regulatorias. Gonzalo Monroy, especialista en energía, cuestionó también que pudiera calificarse automáticamente como huachicol el combustible almacenado en la terminal. Señaló que la instalación presta servicios a empresas como Valero, Mobil y hasta a Pemex y que la terminal almacena y distribuye combustible, mientras que la importación corresponde a sus clientes. La FGR mantiene abierta la investigación sobre el origen y la legalidad del combustible, pero el golpe mediático ya está dado.
Piénsalo así: pase lo que pase con estos casos en el futuro, comunicacionalmente el efecto ya ocurrió. El huachicol volvió a ocupar un espacio importante en la conversación pública, pero esta vez aparece asociado a actores que no pertenecen a Morena. Y eso cambia el relato, en esta nueva versión de la historia, Morena ya no aparece como parte del problema, sino como el partido que está combatiendo la actividad ilícita.
Primero un exgobernador panista. Después empresarios y una instalación ubicada en Guanajuato. El problema comienza a presentarse como una red de corrupción que atraviesa partidos, gobiernos, empresas y distintas etapas de la historia reciente del país. Y ese cambio modifica también la posición del gobierno dentro de la narrativa.
En la percepción pública, el huachicol fiscal comienza a dejar de aparecer como un delito vinculado principalmente a Morena y la conversación empieza a encuadrarse alrededor de otra pregunta: ¿quién está combatiendo un problema de huachicol fiscal que viene de gobiernos anteriores y que involucra a distintos actores?
Hoy, una acusación contra Ernesto Ruffo ya colocó a un exgobernador panista dentro de la conversación sobre el huachicol; y el caso de Guanajuato incorpora ahora a empresas y a un territorio históricamente asociado con la oposición.
Personalmente, hace tiempo que dejé de creer en las coincidencias cuando se trata de política. Después de más de dos décadas estudiando comunicación política en México, estoy convencido que hay elementos para pensar que el desplazamiento actual no es solamente judicial, sino político y electoral. Mientras aparecen investigaciones contra figuras o empresas vinculadas con la oposición, incluso en casos donde la solidez de las acusaciones está siendo cuestionada, las investigaciones sobre personajes de Morena señalados públicamente por posibles vínculos con estas redes no parecen avanzar y, como diría don Teofilito, “ni lo harán”.
Estamos frente a una estrategia de comunicación y propaganda más amplia: redistribuir el costo político de un problema que comenzaba a asociarse cada vez más con Morena. No se trata necesariamente de justicia ni de venganza; están tratando de diseñar quien terminará cargando, en la percepción pública, con el costo político de un problema de corrupción y huachicol cuyas redes han sido objeto de investigaciones también en Estados Unidos y que, hasta ahora, habían quedado asociadas principalmente con figuras de un solo grupo político.
Tendrán que ser las investigaciones y, eventualmente, la historia las que determinen si fue correcta mi interpretación. Pero desde la perspectiva de la comunicación política hay algo que sí puede observarse con claridad: el gobierno no solamente está persiguiendo combustible; está disputando el significado político del huachicol en tu mente.
Y cuando cambia quién aparece dentro del problema, también puede cambiar quién termina pagando el costo político de ese problema.
El cargo El huachicol necesita un nuevo culpable / Por Jorge García apareció primero en Reporte 32 MX, El medio digital de México.
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