Y Sepa la Bola… pero en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dicen que opera un grupo que se conformó por relaciones personales, inexpetiencia y una inquietante ausencia de controles internos. Los señalamientos, derivados de acusaciones realizadas por personas afectadas, apuntan a funcionarios que, pese a que pesa en su contra cuestionamientos administrativos, posibles conflictos de interés y dudas sobre su perfil profesional, continúan dentro de una estructura pública que debería conducirse con transparencia.
La primera responsabilidad recaería en la directora general de Administración y Finanzas, Damaris Flores Ortiz. De acuerdo con las acusaciones hechas por afectados y los señalamientos recopilados, esa oficina presuntamente habría aceptado formatos de no antecedentes penales únicamente firmados, sin realizar una verificación exhaustiva de su contenido.
El caso que más dudas genera es el de Jean Carlo Javier Bautista Guzmán, director de Coordinación Territorial, cuyo nombre aparece mencionado en averiguaciones previas y carpetas de investigación, según los señalamientos de personas afectadas. La más reciente señalada corresponde al 19 de marzo de 2021, ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, por una conducta clasificada como falsedad ante autoridades.
La existencia de una investigación no equivale a una sentencia, eso es claro. Sin embargo, en un cargo público de esta naturaleza, la falta de revisión plantea una pregunta elemental: ¿quién verifica que los perfiles cumplan con los requisitos de ingreso, confianza y probidad?
El segundo punto es el posible conflicto de interés. Christopher Pérez Jiménez, coordinador general de Enlace Interinstitucional, Territorial y Ciudadano, es señalado en acusaciones por presuntamente haber incorporado a una persona identificada como cercana, Paulina González Aragón, en el cargo de Cultura de Movilidad, pese a los cuestionamientos sobre su experiencia en la administración pública.
También aparece Ángel Rodríguez Jiménez, identificado por los denunciantes como primo del funcionario, quien presuntamente, mediante un contrato de honorarios, realizaría tareas internas y gestorías para terceros en distintas áreas.
A ello se suman colaboradores provenientes de otros estados que, según las acusaciones de afectados, presuntamente no cumplirían con los años de experiencia requeridos para sus puestos, aunque percibirían salarios cercanos a 40 mil pesos mensuales.
Lo más delicado es la acusación de que algunos de ellos presuntamente habrían solicitado pagos a grupos disidentes de rutas para facilitar su ingreso a los Centros de Transferencia Modal.
Las cantidades mencionadas por los denunciantes van de 300 mil a 600 mil pesos. Estos señalamientos deben ser investigados por las autoridades correspondientes. Representan una alerta dentro de la Semovi.
Otro nombre que aparece es el de Joan Ruiz, señalado por afectados como supuesto cercano sentimental de Damaris Flores Ortiz y exdirector ejecutivo de Tecnologías de la Información y Comunicación.
De acuerdo con los señalamientos, su salida, ocurrida en junio, presuntamente estuvo relacionada con el manejo de más de 30 millones de pesos destinados a infraestructura tecnológica, equipo de cómputo y sistemas biométricos. También se mencionan posibles indicios que requerirían revisión patrimonial, como la adquisición de un vehículo Tesla, viajes y artículos de lujo exhibidos en sus redes sociales, los cuales —según las acusaciones— no corresponderían con sus ingresos reportados.
Son acusaciones formuladas por personas afectadas que requieren una revisión patrimonial y administrativa por parte de las autoridades competentes.
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, tiene ahora una decisión política y administrativa. Puede ordenar auditorías, revisar contrataciones, verificar declaraciones de intereses y esclarecer el uso de recursos. O puede permitir que el silencio convierta estas acusaciones en una sombra permanente sobre su gestión.
En el servicio público, la confianza no se exige: se demuestra. Y en la Semovi, hoy, esa demostración está pendiente.
La ciudadanía merece saber quién autorizó cada nombramiento, qué controles fueron aplicados y por qué las alertas internas no generaron consecuencias inmediatas. La movilidad también se gobierna desde la integridad institucional.También ajusté algunos verbos para que quede más claro que se trata de denuncias y no de hechos acreditados.
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