Lo ocurrido en días pasados en Oaxaca no es un hecho aislado, es algo que parece estar sembrado desde hace mucho tiempo en nuestro país.
Es un flagelo que vive en las entrañas, que desnuda las complicidades atroces entre funcionarios y crimen organizado y lo más terrible es que son el pan de cada día.
La detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano por presuntos vínculos con una estructura criminal, vuelve a poner sobre la mesa una situación que, aparentemente no existe para las autoridades, pero en los hechos queda muy claro que esta práctica está más arraigada en muchos lugares de México.
Lamentablemente no hay una cifra oficial que permita decir cuántos gobiernos municipales están infiltrados por el crimen organizado. Pero tampoco se puede fingir que Juchitán es un caso aislado.
Morelos, Puebla, Estado de México y otras entidades han registrado investigaciones, detenciones y acusaciones contra autoridades municipales por presuntos nexos con grupos criminales. Y ahí está el punto, la discusión y la negación.
El problema no es solamente el narco. El problema empieza cuando el narco logra tocar la puerta del gobierno y alguien, desde adentro, decide abrirla.
Aquí no se habla solamente de delincuencia organizada, se habla de poder combinado con la mafia.
Lo de Juchitán no es una anomalía en el mapa mexicano. Es el espejo roto de una nación entera.
Cuando un alcalde o funcionario público le abre la puerta al crimen, no solo corrompe a un municipio, sino que se rompe la paz, el orden y se viola la justicia indiscriminadamente.
Fingir que es un caso aislado es la peor de las complicidades y es mucho peor negarlo.
La verdadera realidad de nuestro México querido no es el poder del narco, sino el silencio cómplice de quienes, desde el gobierno, decidieron fusionar el poder público con la delincuencia.
Por eso, la urgencia ya no es contar cuántos municipios están bajo el yugo criminal, sino admitir de una vez por todas que la metástasis es nacional. No es solamente Juchitán, es todo México.
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