Y Sepa La Bola… pero la Ciudad de México enfrenta una nueva batalla contra la corrupción, esta vez con un protagonista inesperado: la empresa chilena Global Vía Pública.
La adquisición de las operaciones de Clear Channel Outdoor en México destapó una red de irregularidades que se remontan a administraciones pasadas, exponiendo la complicidad de funcionarios públicos y la explotación ilegal de espacios públicos donde se ubican pozos de agua, plantas de bombeo y de drenaje, y donde ahora la energía eléctrica alimenta anuncios espectaculares.
Vecinos y activistas han solicitado la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que haga valer su compromiso de “primero el pueblo” y actúe con firmeza contra estas prácticas.
Hace cuatro meses, la compra de Clear Channel por parte de Global Vía Pública sacó a la luz un escándalo de proporciones significativas. La actual administración ha detectado múltiples irregularidades cometidas por Clear Channel durante su operación en la capital, irregularidades que parecen haber contado con la complicidad de gobiernos anteriores. Un caso paradigmático es la explotación ilegal de nueve terrenos propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.
El origen del problema radica en un Permiso Administrativo Temporal Revocable, emitido por la entonces Oficialía Mayor del Gobierno Central a favor de Outdoor México Servicios Publicitarios (Clear Channel). Este permiso, supuestamente destinado a instalar relojes publicitarios de apenas dos metros cuadrados como contraprestación por el servicio de bicicletas públicas, sirvió en realidad como tapadera para una operación mucho más ambiciosa.
En lugar de las estructuras modestas permitidas, Clear Channel erigió gigantescos anuncios espectaculares de hasta 30 metros de altura y más de 92 metros cuadrados de superficie publicitaria, ubicados en terrenos destinados exclusivamente a la distribución de agua potable y al funcionamiento de bombas de agua y de drenaje.
La complicidad de las autoridades llega incluso a permitir la instalación de estas estructuras dentro de instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (antes Sacmex). La colocación de estos colosos publicitarios, además de ilegal, puso en riesgo tanto a los trabajadores del organismo como a los ciudadanos que transitan por la zona. La violación de la normatividad y la invasión del espacio aéreo vial completan el panorama de una operación ejecutada con total desprecio por las normas y la seguridad pública.
Ante esta situación, se ha pedido a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que actúe con la firmeza que su discurso de “primero el pueblo” reclama. La tolerancia a estas prácticas solo perpetúa la corrupción y el abuso de poder. Es momento de que las autoridades investiguen a fondo, sancionen a los responsables y recuperen los espacios públicos explotados ilegalmente por Global Vía Pública. El pueblo de la Ciudad de México exige transparencia y justicia.
Y Sepa La Bola… pero la corrupción en los reclusorios no ha terminado. Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana es ahora la encargada de la administración de las cárceles capitalinas, las irregularidades extremas persisten.
Tal es el caso de la construcción, el mes pasado, de nada menos que un temazcal, edificado exclusivamente para dos internos, uno de ellos perteneciente al CJNG. ¿Será una obra que se realizó sin conocimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez?
Mucho se habla del combate a los criminales y de los beneficios que les otorgan los jueces, pero poco se dice sobre lo que sucede al interior de las cárceles. Por principio, este tipo de delincuentes no debería estar en centros de mediana seguridad, donde, gracias a su poder económico y de influencia, logran doblar o comprar voluntades.
